La explotación de litio por parte de Albemarle está autorizada por derechos de explotación otorgados a través de un convenio suscrito con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en aplicación del artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras.
Desde el punto de vista de la normativa ambiental, Albemarle debe cumplir con la Ley de Bases Generales del Medioambiente (Ley N.º 19300) y, en particular, con la obligación de contar con una evaluación ambiental sobre sus operaciones. La Ley N.° 19300 requiere que todos los propietarios de proyectos de desarrollo minero ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) antes de su ejecución. En cumplimiento de lo anterior, Albemarle cuenta con varias autorizaciones ambientales obtenidas en las últimas décadas que sostienen su operación minera desde el salar de Atacama, y el procesamiento en su planta ubicada en el sector La Negra, comuna de Antofagasta.
Por su parte, el suministro de agua está cubierto por derechos de uso de acuerdo con las disposiciones del Código del Agua y cuyo ejercicio está autorizado desde una perspectiva ambiental por los flujos señalados en la RCA N.° 21 de 2016 y la RCA N.° 279 de 2017. Albemarle también es titular de concesiones de explotación y exploración minera constituidas de conformidad con lo dispuesto en el Código de Minería, así como de otros títulos que protegen la ocupación de las áreas requeridas por el proyecto y sus actividades.
Albemarle también cuenta con una serie de otras licencias y autorizaciones sectoriales otorgadas por diversos servicios públicos, como la SEREMI de Salud, la Dirección General de Aguas, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), entre otros. Estas licencias y autorizaciones abarcan diversas instalaciones y actividades de Albemarle, como la venta de productos de litio (autorizada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear), el plan de cierre de la mina (autorizado por el SERNAGEOMIN), obras hidráulicas (autorizadas por la DGA), etc.
Albemarle también debe cumplir con las regulaciones de planificación urbana (la Ley General de Planificación Urbana y Construcción y la Ordenanza General de Planificación Urbana y Construcción). En este sentido, nuestra empresa ha procesado varios permisos de planificación urbana aplicables, como permisos de construcción, recepciones finales, entre otros. La ubicación de nuestras instalaciones y actividades se ajusta a la planificación urbana actual.
La empresa también respeta todas las normas sanitarias aplicables. Por esta razón, nuestras instalaciones cuentan con los permisos establecidos en el Código Sanitario y en el resto de la legislación sanitaria, tales como permisos para instalaciones de manejo y eliminación de desechos, entre otros.
En materia laboral y en la protección de los derechos de sus propios trabajadores y contratistas, Albemarle debe cumplir con lo dispuesto en el Código de Trabajo y normas asociadas, entre las que se encuentran, entre otras, las siguientes: Ley N.° 20123 que regula el trabajo bajo subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios temporales y el contrato de trabajo de servicios temporales; la Ley N.° 16744 que dicta normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; DS N.º 594 Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales; DS N.º 40 Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; DS N.º 76 Reglamento para la aplicación del artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las obras, tareas o servicios señalados, así como toda la normativa administrativa aplicable emitida por las autoridades competentes (Dirección del Trabajo).
Por último, Albemarle también cumple con toda la normativa aplicable a los contratos civiles y comerciales celebrados con terceros y, en particular, con sus proveedores. En particular, nuestra empresa no solo cumple con las regulaciones generales (Código Civil y Código de Comercio), sino que también respeta especialmente el pago de facturas dentro de los treinta días, como lo exige la Ley 21131.